LA (NO) REGULARIZACION EN EL AMBITO AGRARIO
Tras la finalización de la vigencia del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, se concederá una autorización de residencia y trabajo a aquellos jóvenes extranjeros que, con base en lo previsto en el artículo 2.1.d) del citado real decreto-ley, hayan sido contratados en el sector agrario durante la vigencia de este
La autorización se solicitará por el extranjero, personalmente, mediante representación o a través de los medios telemáticos habilitados para ello, debiendo acreditar los siguientes requisitos:
a) Que ha sido contratado para una actividad continuada en el sector agrario con base en el artículo 2.1.d) del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, y no haya desistido de la misma.
b) Que carece de antecedentes penales.
El plazo para presentar la solicitud será de un mes tras la finalización de la vigencia del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, en la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que se resida. El plazo máximo de resolución será de un mes. Si no se resolviera en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio administrativo.
En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión, deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero.
EN RESUMEN
- solo para aquellos jóvenes de 18 a 21 años que estando regulares han trabajado durante la situación de estado de alarma en el campo conforme a la normativa indicada
- la relación laboral ha de haber sido continuada, la del contrato de trabajo
- Se ha de pedir en el plazo de un mes desde que acabe la vigencia del Decreto ley 13/20
- Se ha de pedir donde se resida y no se vincula a tener contrato en vigor. El único requisito es carecer de antecedentes penales.
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La medida recogida en el Real Decreto-ley 19/2020 supone una regularización parcial y limitada que, aunque representa un avance para un grupo muy concreto —jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años en situación regular que trabajaron en el campo durante el estado de alarma—, deja fuera a la inmensa mayoría de inmigrantes que continúan en una situación administrativa irregular, a pesar de contribuir activamente a sectores esenciales como el agrario. Esta “no regularización” evidencia una falta de voluntad política para abordar con amplitud y justicia la realidad del trabajo migrante, especialmente en un contexto como el del campo español, altamente dependiente de mano de obra extranjera. Aunque la medida tiene valor simbólico y práctico para quienes se beneficien de ella, no deja de ser una solución parcial que, lejos de resolver el problema estructural, lo fragmenta y posterga.
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