¿GUERRA OCULTA CONTRA LA INMIGRACION?

En la anterior entrada sobre la cuestión de la reforma de la asistencia sanitaria para inmigrantes manifestaba mi opinión de que el cauce adecuado hubiera sido una reforma de la ley de extranjería y no un decreto ley, como ha hecho el gobierno. Ciertamente, no se ha cometido ilegalidad alguna, dado que el artículo que regula la asistencia sanitaria a inmigrantes no es un artículo básico, con lo cual se ha podido producir su modificación por decreto-ley. Me refería más bien, a que lo ideal, si la decisión obedece a un cambio de política migratoria, es trasladar dicha nueva politica migratoria al texto legal, en su conjunto. Y para ello, habría que modificar la ley orgánica.

Pero entonces, ¿hay una nueva politica migratoria? y de haberla ¿en qué difiere de la anterior? Pues bien, así como determinadas actuaciones del gobierno son claras aun dentro de un ejercicio de oscurantismo y falta de información a los ciudadanos, sin embargo, a pesar de algún globo sonda inicial, como la reforma de las autorizaciones de residencia excepcionales, poco o nada, se ha hablado de esta materia. El primer golpe ha sido la modificación de la asistencia sanitaria. Se pude decir que ha sido un unico golpe. Pero contundente. Y además ha cogido totalmente adormecido al sector social que trabaja este tema. Cosa que por cierto no me sorprende en absoluto. Se puede decir que el Gobieno tenía en esta materia a un contrincante noqueado.

¿Ha sido un golpe aislado? Mi opinión es que no. Resulta sintomático acudir a la lectura del proyecto de reforma de código penal incluido dentro del denominado plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social y en el mismo, en el proyecto de reforma del código penal, la página web de la moncloa destaca:

- la ampliación del periodo de prescripción de los supuestos delictivos más graves como las "empresas fantasma" sin actividad real, que simulan relaciones laborales con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública
- sancionar penalmente a quienes empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la seguridad social o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo.

Desde luego, en modo alguno critico que se haga una persecución del fraude en esta materia y en relación a la seguridad social. Sí que critico que, vulnerando el principio del derecho penal de "intervención mínima" por el cual, el derecho penal solo debe sancionar las conductas más graves, se transformen o se conviertan en delito, figuras que no deben salir de la infracción administrativa y perseguirse en dicho ámbito, que ya recoge sanciones especialmente duras para estas conductas, como la de dar trabajo a quien no tiene autorización de trabajo.

Los políticos suelen tener la mala decisión de tratar de solucionar las cosas a golpe de reforma del Código Penal, pero me parece a mi que en este supuesto, el mensaje que quiere lanzar gobierno es de mayor calado. Se trata de intimidar y generar miedo, en todos aquellos sujetos que pueden intervenir en aquellas situaciones conocidas por quienes trabajan la extranjería: contratación de extranjeros en situación irregular u otras acciones de "favorecimiento" que ya fueron señaladas en la última reforma de la ley orgánica de extranjería. Así como en aquellos campos relacionados con derechos humanos (vease la reforma en materia de asistencia sanitaria).

Creo que lo que va a suceder en las próximas fechas es un notable endurecimiento sancionador y un mensaje de persecución de conductas relacionadas con el día a día del inmigrante irregular, con el objetivo de acosar al mismo, pensando que de este modo, el inmigrante irregular abandonará el país. Creo que en la simpleza de algunos de nuestros próceres, cala la idea de que con más de 5,5 millones de parados, una de las principales líneas de actuación es reducir el número de extranjeros en nuestro país. Y creen que la presión conseguirá reducir dicho número "motivando" la salida voluntaria de algunos de ellos.

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