RESTRINGIR DERECHOS SIEMPRE PERJUDICA AL MAS DEBIL

Las decisiones políticas suelen justificarse con números macro. Se habla de numero de afectados, de millones de ahorro, de grandes extensiones territoriales. Poco se habla de la incidencia individual, en nuestra pequeña comunidad que es donde verdaderamente se ve como afecta a los derechos de cada cual.

Un caso real. Extranjero en situación irregular, que sufre un accidente de tráfico. Se inicia todo el protocolo habitual, se levanta un atestado, se abre un procedimiento judicial que acabará en un juicio. Como cualquier otra persona tratará de que se satisfaga una indemnización, que de por sí ya no cubrirá totalmente el daño causado sino que se ajustará a unos baremos que no atienden a la verdadera reparación.

Pasará por un médico forense, donde la actuación de este se verá afectada al principio por características propias e intrínsecas a muchos extranjeros en situación irregular, el desconocimiento de sus derechos, la falta de herramientas culturales con las que se desenvolverse adecuadamente, un déficit en el uso de idioma. Todo ello conducirá a que en un buen número de ocasiones, el informe forense recoja unas valoraciones a la baja respecto a la realidad de las lesiones y secuelas.

Le añadimos que el extranjero se ha visto privado de tarjeta sanitaria. El mismo tiene dolores y secuelas evidentes, la más notable su cojera al andar. Sin ser médico se aprecia. ¿por qué no lo apreció el forense? porque decidió funcionar automáticamente sin el apoyo de informes médicos. ¿por qué no existen esos informes médicos? porque cuando el extranjero acudió al centro de salud se le dijo que solo podía ser asistido si firmaba un compromiso de pago de la asistencia sanitaria. A pesar de explicarle que luego el pago no sería efectivo (ya veremos), el extranjero tiene miedo y decide no ser atendido. Tampoco comprende adecuadamente lo que tiene firmar, ni lo que pone en dicho documento, pues a duras penas habla castellano y no lo sabe leer. Todo ello conduce a la inexistencia de un tratamiento y la inexistencia de unos informes que sustenten correctamente el informe forense.

Ello conduce a que la indemnización que podrá obtener en el procedimiento penal será inferior a la que podría obtener de no concurrir esos condicionantes. Se le explica, la posibilidad de acudir a otro procedimiento y de no aceptar el informe forense. ¿que habrá que hacer en ese caso? un informe pericial privado, que le costará aproximadamente 700 euros. ¿de donde los va a sacar si está en situación irregular? ¿y qué informes médicos sustentarán el mismo? Aunque los consiga ahora pasados varios meses del accidente, el abogado de la compañía de seguros se agarrará al informe forense, alegará que los informes se han emitido con mucha posterioridad y que pueden obedecer a lesiones producidas en otro accidente o de otro modo. El juez podrá sucumbir fácilmente a estos argumentos. Si además lo hacemos en otro procedimiento, en uno civil, por ejemplo, el extranjero tendrá que pagar las nuevas tasas.

La teoría siempre es clara. La práctica no es tan sencilla. Lo que habría que hacer en teoría, fácil de aconsejar. Lo que ocurre en la práctica? que aquellas personas en situación más vulnerable se ven enormemente afectados por las decisiones tomadas en despachos por personas que nunca sufrirán la falta de libertad derivada de no tener el dinero suficiente para ejercer adecuadamente sus derechos. 

Y ahora que vengan cínicos como Gallardon a decir que los abogados luchamos contra estas cosas para mantener nuestros status privilegiados o por nuestro propio interés.

Y no digo más, que me conozco.